domingo, 20 de septiembre de 2015

LOS LINCHAMIENTOS DE SOSPECHOSOS UN FRACASO DEL SISTEMA PENAL (PORR FERNANDO SIBILIO)

Cunde la inseguridad pública, son ineficientes los planes oficiales de lucha contra la violencia, la delincuencia y la criminalidad organizada o social, pero son decepcionantes las decisiones de las autoridades para contener esta plaga, cuando centran la solución en una Reforma a la Policía Nacional.

Pierden los ciudadanos la confianza y la esperanza en un sistema de justicia del cual, muchas veces, salen engañados y defraudados, porque resulta un fraude la decisión del juez, o la actuación de la fiscalía o de la policía.

Toman la justicia en sus propias manos, deciden colocarse al margen de la Ley, del mismo modo, en que lo hace el Policía, el miembro de la Dirección de Drogas o el Militar, cuando asesina un sospechoso, en el ajuste de cuentas, que llamamos: Intercambios de Disparos.

Son muertes en acciones penales: Los linchamientos y los intercambios de disparos.  Son abusos donde el Estado ha entrado en la perplejidad política y en la indecencia democrática, por ignorancia o por incapacidad dialéctica, en la estructuración de los planes o los programas de contención.  Es que desconoce, si esta frente a una amenaza o frente a un problema para el Estado.

Ver al Presidente de la Junta Central Electoral    celebrar la entrega de una Plataforma Tecnológica, con las informaciones de los ciudadanos, como si esto fuera una solución práctica del problema.  Oír al Presidente del Tribunal Constitucional abogar por la Ley de Reforma Policial, como si fuera una solución práctica, provoca lástima y pena democrática por este país.

Miremos lo que ocurrió en Guatapanal, donde una turba asalta un cuartel, armados de machetes, piedras y armas de fuego para llevarse un motor incautado por la policía.  Esto, más que una amenaza, que tiene solución teórica, es un problema que requiere soluciones prácticas, de inteligencia delictiva y de inteligencia criminal. Son actividades prácticas, no teóricas.   

Precede a toda práctica criminal, delictiva o penal una inteligencia, que es la que garantiza los cambios en la conducta de los agentes, oficiales, de los delincuentes o criminales, y de los ciudadanos respecto al problema político que tenemos, con la violencia, la delincuencia y la criminalidad.

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