Resulta que ninguna
evidencia es fuerte para tachar la evidencia alucinatoria de los grupos y
organizaciones civiles, que se encargan de los asuntos policiales y judiciales. Insisten en tener a la policía y a la
Dirección de Drogas bajo la tutela del Ministerio Público.
Darle respuesta a la demanda
de seguridad y de protección pública de la sociedad, es mas que una rotación de
mandos. Significa mejorar el diálogo
entre todas las agencias de seguridad, entre los cuerpos policiales y las fuerzas
de seguridad del Estado. Entre la
Dirección de Impuestos Internos y Aduanas, entre las agencias internacionales
de seguridad con todas estas instituciones, con la sociedad, con el Ministerio
público y con el sistema nacional de justicia.
Garantizar una buena
cobertura de protección y de seguridad, ciudadana es la elección de un régimen
de inteligencia, nunca un cambio de contenidos teóricos legales y
valorativos. Conlleva una mejoría en las
relaciones de la autoridad pública con la sociedad, pero demostrando una mayor
inteligencia del Ministerio Público, de la policía y de la Dirección de Drogas.
Invitamos a las
organizaciones civiles examinar las evidencias del comportamiento del
Ministerio Público, en su “Acuerdo” con Sobeida Félix. Dejaba clara su
incapacidad para suscitar, controlar y dirigir sus propias operaciones penales.
Faltan en el Ministerio
Público, en la Policía y en la Dirección de Drogas programas activos de
investigación. Eso que separa la ciencia
de la superstición y de la especulación al momento de indagar los hechos. Esa programación y sistematización
investigativa que le permita al Ministerio Público acercarse a la justicia, sin
prejuicios ni complejos políticos o privados.
Recordemos los vicios y omisiones impresentables, en las investigaciones
y dictámenes del caso Atiemar.
Necesitan tanto el
Ministerio Público como la policía y la Dirección de Drogas esos programas de
investigación, con los cuales puedan anticiparse a los hechos delictivos y
criminales. Sistemas operativos que les
permitan superar los procedimientos rurales y obsoletos, y desarrollar teorías
criminales y delictivas auxiliares, que sean competentes.
Ganarían mas crédito público
las organizaciones civiles, si se concentrasen en la erradicación de la tortura
para obtener información, o en el abaratamiento y en la economía de trámites y
de costes en los procesos judiciales; así tendríamos menos presos preventivos. Si abogasen por la aplicación de técnicas y
tecnologías rigurosas y de alta fidelidad, en los procedimientos y metodologías
de depuración, evaluación y corroboración de las pruebas, indicios y evidencias
judiciales.
Rogamos a las organizaciones
civiles que sustentan la hipótesis de la tutela del Ministerio Público, sobre
la policía y la Dirección de Drogas comprobar, con la práctica, la fuerza de
sus evidencias. Porque la lucha contra
la violencia, la delincuencia y la criminalidad esta vedada para criterios
privilegiados o privados. Sino que todos
los componentes tienen el compromiso de operar sinérgicamente.
Evitaríamos, de esta manera,
ese criterio de falsibilidad de Popper. En aquel dictamen del Ministerio
Público del caso Bancrédito, convertido hoy en cláusula suplementaria de
garantía legal. Ocurre lo contrario en la segunda sala penal de la Suprema
Corte de Justicia, que ordena la continuidad del caso paya.
Miramos el pasado con el
propósito de aprender, nunca para justificar o explicar lo que ya existe, sino
ofrecer nuestra colaboración en la construcción de un mejor futuro social y
político. Ya que hemos llenado el país
de cachivaches legales, de mezquindades policiales y militares y de grandes
esperanzas democráticas que al final, se transforma en la cuenta nueva, después
del borrón.
Santo Domingo, D. N.
4 de Febrero, 2013.-
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