Llenaremos a la sociedad de
poderosas aspiraciones con este nuevo plan de seguridad ciudadana. Una cuenta nueva que coloca la fuerza por
encima de la inteligencia, y abierta por los mismos jefes del Ministerio de
Interior, de la policía y de la Dirección de Drogas; tras el borrón de tres
espejismos anunciados en los últimos 25 meses.
Rogamos que se aplique un
proyecto de seguridad universalmente válido, en el cual la responsabilidad
democrática que lo defina, reconozca la plenitud de la libertad y de los
derechos de todos los ciudadanos. A fin
de que, la órbita de sus resultados jamás se justifiquen con un “Denle para
abajo”. Esa naturalidad que ha
cosificado las muertes de más de 3,900 personas, en acciones penales de los
cuerpos policiales, durante los últimos 10 años.
Aceptar esta ideología penal
como un plan de seguridad ciudadana, sería entregarse en los brazos de un poder
político y social que necesita la violencia, la delincuencia y la criminalidad
organizada, para definirse y sustentarse.
Examinemos el perfil
delictivo y criminal de los jefes militares y policiales pedidos en
extradición, y su vinculación con el poder político y social. Estudiemos a
profundidad el robo, evasión y lavado de activos, que esconde el negocio
mafioso de combustibles, en la propia refinería.
Provoca sospecha la omisión
de acciones concertadas para contener la circulación de más US$6,800 millones
de dólares, que circulan por las tripas de las instituciones financieras
formales e informales cada año, para financiar las operaciones de las
pandillas.
Insistimos en que las
autoridades definan el alcance y calado de las evidencias, sobre las cuales
habita este plan de seguridad. Ya que
implicará un nuevo régimen de inteligencia delictiva y criminal, tanto en los
programas y métodos como en la metodología y los protocolos de
investigación. Porque soslaya la
internalización y la externalización de sus propios contenidos y cambios
valorativos, consignados en los objetivos de su oferta de seguridad.
Pasar por alto esta realidad
sugiere la continuidad en la ruta de la pusilanimidad creadora de otros
planes. Bengalas que se han cansado muy
pronto, por ser desconocidas hasta por los propios mandos policiales, penales y
militares. Lamentamos que los bostezos
de estos jefes impidan descubrir el valor de la corrección cívica y democrática
que tienen las autoridades, en su responsabilidad de dejar a la población libre
de la coacción y de la arbitrariedad.
Existen, señores, unos
antecedentes envueltos, tanto en la violencia, como en la delincuencia y la
criminalidad, que son vitales e invisibles como el aire. Ellos determinan las hipótesis, los riesgos y
las flexibilidades de este plan. Ahí
duermen las causales de la opacidad, la desconfianza y las improvisaciones en
la contención de las actividades delictivas y criminales.
Siembran estas imprevisiones
las dudas y las confusiones que originan las informaciones, las pruebas y las
evidencias de los crímenes y de los delitos.
Por esto, ha sido difícil la confección de una cartografía, y la
interdicción de los canales de comunicación y de los sistemas operativos de las
bandas.
Sorprende la ausencia de una
memoria social, económica y política del impacto de la violencia, la
delincuencia y la criminalidad sobre las actividades productivas y la
reputación internacional del país. Del mismo modo, pasan por alto los efectos
nocivos y traumáticos sobre el desenvolvimiento de las instituciones y sus
riesgos sobre la calidad de vida de las familias y los ciudadanos.
Santo Domingo, D. N.
25 de Marzo, 2013.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario