Queda claro que, los
proyectos constituyentes promotores de la nueva constitución y de la creación
de las altas cortes, los cuales debieron ser iniciativas democráticas de
consenso y mancomunadas, son el la realidad proyectos solitarios. Aceptamos a la tragantona, sin conocer los
contenidos, una dinámica jurídica desprovista de las habilidades que
garantizaran la aplicación democrática de la Ley.
Sentimos, ahora, miedo de
perder nuestra libertad como sujeto jurídico, con los fallos judiciales
caprichosos, y por eso, hablamos de objetivar las ciencias jurídicas, como si
fuesen entidades autónomas. ¡Señores!
Las ciencias jurídicas se fugaron de los tribunales, habitan en otro mundo y se
liberaron de los abogados.
Creamos estos bichos judiciales,
pero ahora queremos cambiar el sistema, porque sus acciones rompen todas las
escalas del equilibrio democrático de la nación. Sorprende esta mitología de sumisión a fallos
arbitrarios repletos de evidencias sentimentales. Cabe aquí la famosa frase romana: “Fiat
Justitia Pereat Mundum”. La justicia, desaforada, puede convertirse en asesina.
Fantasear con un sistema de
justicia podrido, que su propio Procurador General lo descalifica y admite que
esta contaminado por la política. Si él
lo sabe, ¿Qué ha hecho para corregir la situación? Omitirla. Es que estamos frente a un proceso de
apropiación unilateral y privado del poder judicial.
Convendría ampliar el
concepto de “Crímenes contra la Humanidad”. Estamos frente a crímenes del
sistema de justicia contra la dignidad humana.
Hablamos de daños y sufrimientos perpetrados por tribunales contra el
patrimonio y el proyecto común de nuestras vidas y de la nación. Administraciones de justicia que se han
separado voluntaria y privadamente del derecho, con el fin de tener las manos
libres y poder actuar al margen de la Ley.
Somos todos víctimas
potenciales de estos criminales y debemos defendernos de este poder político
criminal. Pero somos los ciudadanos quienes mantenemos las calidades
democráticas de estos tribunales. Por
tanto, disponemos de los medios para revocar sus derechos a ocupar esos poderes
posicionales. Aquí radica la fragilidad
institucional de estas cortes.
Vivimos el riesgo de perder
nuestro sistema democrático, porque unos vivos decidieron llenar nuestra
legislación de leyes fraudulentas, carentes de instrumentos que castiguen
delitos y dejando fuera del alcance de la ley la tipificación de violaciones y
crimines contra la sociedad.
Espantan las mutaciones
invasivas y expansivas de estos virus judiciales, pero, por suerte, nos
relacionamos por las interacciones múltiples de la comunicación, por medio de
las redes sociales que unen a los ciudadanos.
Es así, que toda quiebra en un punto del sistema, como el veredicto de
“Bahía de las Aguilas”, provoca olas de repugnancia social contra el sistema de
justicia.
Descubrimos en estos
dictámenes las posibilidades de ser engañados por, y en la justicia. Que el poder político y social nos puede
engañar y defraudar con leyes orgánicas de instituciones, como Pro-Consumidor,
con la Ley de Hidrocarburos, la Ley de las Telecomunicaciones, con la Ley de
Seguridad Social, con la Ley de Electricidad, con la Ley de Tarjetas de
Crédito, dispositivos legales en los cuales los ciudadanos carecen de garantías
democráticas.
Desalojar a los ciudadanos
de la órbita de la dignidad de sus derechos traerá un enorme riesgo a nuestra
estabilidad democrática. Porque los
hábiles en engaños son los “Triunfadores”.
El caso Bancrédito es solo un botón de muestra, y con estas decisiones
criminales de la justicia, llevaremos a la población a la facticidad política y
provocaremos una rebeldía y un caos violento, contra el sistema político.
Santo Domingo, D. N.
7 de Junio, 2013.-
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