Decía el Procurador General
que los feminicidios eran inaceptables, sin que se conozca, hasta ahora, los
actos o acciones políticas que ligaran a su despacho, con una meta o algún fin
al respecto. Si él quisiera frenar los
feminicidios fuera su obligación aplicar los medios necesarios, más que una
declaración, para alcanzar ese fin. ¿Qué tiene? ¿Qué debe? ¿Qué puede? Y ¿Qué
quiere hacer la Procuraduría con este problema?
Desear la solución de los
feminicidios es suficiente para activar las acciones democráticas que generen
los medios y los deberes sociales. Pero
el Procurador tiene otros fines y recurre a los titulares, con el objetivo
político de enlazar el deber del cargo con los deseos del dirigente que
persigue otras metas.
Vivimos ese mismo juego
político con la tragedia de la violencia intrafamiliar, porque la moral
política y social tiende a cosificar los derechos, los valores y los preceptos
familiares. Si examinamos el
subjetivismo y los caprichos que se esgrimen en las demandas de los afectados y
afectadas, por los conflictos de parejas, veremos como la dignidad humana y
familiar se degrada en cifras.
Vimos, en el caso de un
empresario acusado de agresión, como se destacó su traslado en una voladora a
la cárcel y la estampa de que, si se le cortaba el pelo, a eso se redujo el
hecho, al amarillismo periodístico y político.
Pero, en el caso de la demandante se destacó el pedido de más de dos
millones de pesos mensuales, solo de manutención.
¿Atacan estas escenas
denigrantes las causas de estos conflictos?
Consideramos que esta moral publicitaria y de comunicación refuerza la
violencia y debilita la fuerza de cohesión familiar. Que los valores, preceptos y los derechos de
la familia son fines propuestos por la inteligencia humana, los cuales las
personas deberían reconocer como oportunidades y posibilidades provechosas para
las parejas.
Sufrimos la incapacidad
jurídica y democrática y los vicios del sistema político y social para castigar
a los agresores, violadores y a los asesinos.
Permitimos que figuras importantes asesinen personas, para después
promover acuerdos y pactos extrajudiciales con indemnizaciones económicas con
las familias de las víctimas. Peloteros
asesinos, médicos asesinos y policías asesinos.
Pagan sus víctimas como trofeos de cacerías.
Existe una incomprensión, cada
vez mayor, en las parejas que les impide reconocer los valores, derechos y los
preceptos maritales como proyecto común.
Ambos consideran que el otro, con la unión, se convierte en una
propiedad suya. Un bien que se recibe
generosamente, del mismo modo, que recibimos nuestros órganos vitales, los
riñones o el hígado.
Sirven estos vicios
sociales, políticos y morales para romper los lazos con los deberes y las
obligaciones de la pareja, y son precisamente estos vicios democráticos los
encargados de buscarle esa justificación autónoma que deja los problemas
familiares sin solución, pero, los judicializan para enlazar los deberes de
pareja con las acciones comunes de la familia.
Es que el deseo o el amor se quedan fuera y sin una consideración
rigurosa de su importancia para la unión.
Parecen opresivos los
deberes en la pareja y a nadie les agradan, pero conviene que el sistema
político y social reconstruya la genealogía de los derechos, los deberes y los
valores familiares y los de pareja, transformando en motivos de pareja el amor
o el deseo, a fin de que el deseo o el amor les comprometa sentimentalmente con
unas mejores posibilidades de vida. Es
el deseo o el amor el que lleva a la pareja agredida a desistir de las demandas
penales o civiles.
Necesitamos movilizar, con
urgencia, una pedagogía que dote de inteligencia activa las creencias, los
deseos y los sentimientos de los ciudadanos, a fin de que puedan construir y
renovar la órbita de valores y deberes familiares.
Comprender la necesidad de
reactivar estas evidencias, evitaría que las parejas se consideren mutuamente
como muebles de su herencia familiar.
Esta es una responsabilidad del Estado y la administración pública está
obligada a promover una actitud legislativa constituyente para las parejas, que
pueda promover la unión de las personas como un pacto valorativo de la dignidad
humana.
Santo Domingo, D. N.
8 de Junio, 2013.-
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