Pensar que la justicia es la culminación de la moral serviría para entender la decisión política del Tribunal Constitucional; con respecto a la nacionalidad de los dominicanos. Porque quienes se excluyen por sus violaciones del proyecto común de la nación, jamás deberían reclamar ningún derecho.
Confundir el derecho a una visa de residencia, con la generosidad de nuestro Estado y de toda una sociedad comprometidos en dignificar la realidad de extranjeros que, primero, como personas deberían reconocer la dignidad de todos los demás sería una canallada. Si digo que tengo derecho a solicitar una visa de paseo o de residencia, nunca lo debo confundir con la fuerza física que pudiera usar para conseguir ese fin.
Desconocer que se tiene que contar con los demás para el ejercicio de los derechos, es importante en este falso debate jurídico. Puesto que los derechos a una nacionalidad, del mismo modo, que a una visa de residencia son realidades políticas, jurídicas y sociales mancomunadas, como lo son el lenguaje y la moral de los pueblos.
Sería provechoso para nuestro sistema democrático que, antes de criticar la decisión del Tribunal, examinemos si se degradan o se arrebatan la dignidad de los extranjeros, o si se le aplican trabas jurídicas, políticas y democráticas para que puedan cambiar su situación migratoria, o si se le conculcan sus libertades económicas, políticas o sociales.
Aceptar el deber de ordenar su situación migratoria frenaría la altanería jurídica, política y diplomática del Canciller haitiano, quien ha convocado al Embajador dominicano en Haití, para que le dé explicación sobre este estatuto constitucional. De la misma forma, lo han hecho entidades dominicanas y extranjeras que olvidan que ningún fallo de un tribunal, en una sociedad democrática, debería ser criticado por la solemnidad que encierra.
Queremos reiterarles a los expertos, a las organizaciones civiles y a los organismos internacionales que, es el poder político y social el que genera los Sistemas Constitucionales y las voluntades democráticas o tiránicas, como lo hicieron Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea para sacar del poder al Presidente Aristide, elegido libremente, para imponer un gobierno provisional de facto y dejar instalada una “Misión de Paz” de la ONU, sin ninguna justificación política, por más de nueve años.
Garantiza este dispositivo los derechos de los 10 millones de dominicanos a defender su nacionalidad. El Tribunal aplico justicia para responder a una demanda y a la voluntad general de los dominicanos. Cuando el supremo estadounidense falló a favor de la comunidad homosexual, ningún país que condena la homosexualidad, como Iran, Arabia Saudita, por citar algunos casos, convocó al embajador de esa nación para que explicara esa decisión.
Sorprende el espiritismo político y jurídico y el alboroto haitiano con respecto a esta decisión. Vienen senadores haitianos a pedir explicaciones sobre este tema, sin resolver el limbo democrático, jurídico y político que tienen el parlamento y la municipalidad haitiana con una gran cantidad de senadores, diputados, alcaldes y regidores que ostentan irregularmente sus puestos legislativos y municipales vencidos.
Darle la residencia o la nacionalidad a un extranjero son procedimientos ficticios, que pretenden darle soluciones justas a mentiras técnicas consagradas por la necesidad del poder político y social. Asimismo, la adopción, las leyes para abortar, el matrimonio homosexual, entre otras.
Consignemos esta sentencia como la expresión de nuestra máxima voluntad en la defensa de nuestra nacionalidad y de nuestra soberanía. Frente a una nación y poderes internacionales que usan la lógica de las consecuencias, sobre la lógica de la pertinencia. Reiteramos nuestra inclinación a este estatuto porque ningún haitiano, por su propia convicción, está dispuesto a respetar la soberanía de las normas democráticas que rigen el Estado de Derecho en la República Dominicana.
Santo Domingo, D. N.
7 de Octubre, 2013.-
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