Recibía diez años de cárcel, como condena por robarse R.D$ 776MIL Pesos, la Secretaria que se apropió de dinero cobrado, en la ferretería para la cual trabajaba.
Dictaba esta sentencia el Tribunal Colegiado de Samaná: Se ajustaba a Derecho esta decisión judicial. Aunque a la luz del momento penal que vivimos, quedaban claros los matices que tiene el Sistema Penal, en la Republica Dominicana.
Dejaba en la retina, esta sanción, la cartografía del Sistema de Justicia. Delataba la maraña de intereses que preceden a los procesos y procedimientos cuando se aplica al Código de Procedimiento Penal. Puesto que conocíamos las distintas varas de medir a los ciudadanos que tenía la Justicia Dominicana.
Retenía, para su provecho, la inculpada, los pagos recibidos, y por esto Justamente se le castigó. Era un delito cuyo daño se mantenía en el ámbito privado, entre los clientes y los dueños del negocio.
Estudiemos lo que ha ocurrido en el Sistema Penal, con otros casos. El Ministerio de Educación fue estafado en la venta de un solar, para la construcción de una escuela, con R.D$ 47MILLONES de Pesos. Se desconocen las personas de ese Ministerio implicados en este robo al Estado. El Ministerio prometió, en el Mes de Junio, dar una explicación, en lugar de rendir un informe sobre este robo. Ni el Misterio Publico, ni la Contraloría, le han informado al país sobre lo que ha pasado con esta estafa al estado y a la sociedad.
Pacta, el Sistema Penal un Convenio de libertad, en el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal, de la Provincia Peravia, con un empresario artístico y varios colombianos, condenados por Narcotráficos y lavados de Activos, a cambio de la devolución, a las autoridades penales, de la suma de R.D 200 Millones de Pesos y la entrega de propiedades. Dinero y bienes obtenidos de actividades delictivas y criminales, catalogadas como crimines y delitos contra la humanidad.
Llega a un Acuerdo, el mismo Sistema Penal que condena a la Secretaria de Samaná, para poner en libertad a un empresario, condenado por venderle al Estado Medicamentos falsificados, adulterados y vencidos. Los medicamentos que se administran a Millones de dominicanos, que acuden a los hospitales y a los centros sanitarios de todo el país.
Convienen en dejarle en libertad y desistir de la persecución Penal y criminal, después que el condenado decide entregar el 52% de todos sus bienes, y que él retenga el resto de todo lo acumulado, intoxicando y poniendo en riesgo la vida de Millones de dominicanos incautos.
Medimos con varias cintas métricas en los Tribunales, cuando aplicamos el Código Procesal Penal. Es decir, que la justicia no es distributiva. Tal vez, por eso, la gente decide hacer justicia por sus propias manos. La administración de justicia, mas acá de aplicar el código, según los intereses del poder, debería entender, que sus decisiones están obligadas a crecer valores nobles de convivencia, si es que, acaso, anhelamos una paz justa.
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