LA INTELIGENCIA EN LA LEY DE PARTIDOS Y EL CODIGO ELECTORAL (POR FERNANDO SIBILIO)

Sabemos si una Nación  es inteligente, por la forma en que resuelve sus problemas comunes.  Pensemos que una solución, es lo que elimina los obstáculos para alcanzar nuestras metas nacionales.  Una sociedad política es inteligente si sabe resolver sus problemas sociales, al crear valores nobles de convivencia, si construye capital comunitario, si produce herramientas sociales o democráticas que impulsen la vinculación productiva de sus ciudadanos, y si amplía las posibilidades de bienestar para esa Nación.

Pierde una Nación su inteligencia, si crea más problemas cuando intenta resolver uno, si destruye el capital social, si degrada su capital comunitario, y si convierte en canalla a sus ciudadanos, al despojarles de su dignidad, en aras de conservar su lealtad a una religión, a un partido o a una filiación deportiva.  Si miramos la República Haitiana, podemos descubrir que su grave problema radica, en la mala gestión de sus capitales comunes, tanto los sociales como los comunitarios.

Miremos la realidad del debate, sin inteligencia cognoscitiva y cognitiva, sobre la Ley de Partidos y el Código Electoral, que se desarrolla en el Senado.  Donde el argumento del Presidente del Senado parte de una premisa de falsa legitimidad constitucional, al decir que ni en la Junta Central Electoral, ni en el Consejo Económico y Social, se puede discutir ni consensuar estas leyes, sino en el Senado.  Llegó más lejos, Amable Aristy, dijo que el Senado jamás debería ceder su poder.  Desconoce que el poder del Senado reside en la sociedad y en los ciudadanos.

Transitan estas reformas políticas y sociales, la misma senda del Código Penal, donde se han creado más problemas, con el aborto, que los del propio Código Penal, con lo cual demostramos nuestra falta de inteligencia social crítica, y el miserable pensamiento político y democrático, por la falta de un razonamiento inductivo y deductivo al momento de buscar soluciones.

Insistimos en que la vida política está basada en la cooperación social y democrática, que las reglas del consenso son dialécticas, fruto de la confrontación, diálogo y acuerdo.  Por tanto, resulta una estupidez política y democrática, descartar los espacios democráticos acordados: La Junta Central Electoral o el Consejo Económico y Social, para discutir estas reformas.

Pedimos a los partidos de oposición y a los partidos oficialistas crear un clima emocional estimulante que facilite la inteligencia social, con la cual se puede impulsar esa necesaria e impostergable ingeniería del consenso, donde todos, los partidos, los agentes sociales y las instituciones del Estado dispongan de la libertad para persuadir y sugerir.

Sumar al poder del Congreso falsas legitimidades sería autoritarismo, usar el poder que les han delegado los ciudadanos, para hacer lo que les venga en ganas en nombre de una mayoría, que hoy, descubrimos, con el escándalo de ODEBRECHT y las irregularidades técnicas de Roberto Rosario, que es de dudoso origen, sería una provocación, frente al estado de crispación social que vive el país.

Necesita la política dominicana eliminar, cuanto antes, este sistema de sospecha y de desconfianza social en las instituciones, pues es en la confianza social y democrática, de la cual se pudiera cultivar y seducir la convicción en los dominicanos, de que compartimos los mismos valores, ideales y principios, pero también conmoveríamos a muchos otros para el deber de respetar las mismas normas de actuación.