Seguimos perplejos con la
lógica ilógica de los Magos, con la propuesta de los proyectos de reformas de
los Cuerpos Policiales y de Seguridad del Estado.
Sorprende la conectividad que
hacen las autoridades civiles y militares de episodios coyunturales de
violencia o de delincuencia, con la función de los órganos institucionales,
tanto de la Policía Nacional como con el Ministerios de la Fuerzas
Armadas. Como si el tráfico de armas, el
lavado de activos, la rebeldía de un General contra la judicatura, la imputación
de un Director de Prisiones, la suspensión de 12 fiscales y la rebelión de un
barrio contra la DNCD, se solucionan con nuevas leyes.
Sería sabio indagar lo que
se esconde detrás de estos indicios, ya que expresan las necesidades y las
deficiencias del Estado, en su obligación de responder democráticamente a esta
demanda compleja de seguridad y protección, contra la violencia, la
criminalidad y la delincuencia organizada y social, que siente toda la Nación.
Deberíamos perseguir, antes,
la prospectiva que evite la reducción de la vida policial y militar, a una
burda línea de rangos asignados en forma defectuosa o, que su centro de
actividad, en lugar de ser el objeto de estas dos instituciones estatales sea
el sujeto de una política basada en los méritos y el esfuerzo, pero, nunca la
máscara de una arma de fuego, incompetente, que les sirva como consuelo,
resignación y salvavidas.
Serán insuficientes todas
las iniciativas que se hagan por mejorar la situación de estos órganos, sin
embargo, la mayor atención debería estar acentuada en la democratización de la
vida policial y militar, en vez de perseguir una burocracia jurídica y
económica, que descuida los canales de distribución y de comunicación de los
agregados criminales que esa violencia genera.
Pensemos que la ley policial
vigente tiene menos de 10 años de promulgada, sin otorgarle la capacidad, al
sujeto policía, de desarrollar sorpresas útiles y eficientes para los demás
policías, para la institución y para la ciudadanía. Para muestra estudiemos lo que pasa con la
seguridad social y la formación profesional del policía y del militar.
¿Evitarían, estos
instrumentos jurídicos y económicos que la violencia, la criminalidad y la
delincuencia organizada, muevan más de 9,000 millones de dólares, cada año, en
nuestro país?
Es bueno que las autoridades
entiendan que, solo desde Puerto Rico, el narcotráfico mueve 8 millones de
dólares, cada día, en la República Dominicana. Que ese dinero supera, muchas veces, la
dotación operativa que, en un mes reciben todas las agencias de inteligencia de
la policía, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, de la Dirección Nacional de Investigaciones
y de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
Deberíamos conocer a
profundidad todo lo que se cubre detrás de estas fiebres sociales e
institucionales, sin dejar de ver, que grupos del poder político y social se
han concedido la dignidad de unos derechos para actuar al margen de la ley, y
centrarse sin deber ni obligación frente al Estado Social de Derecho.
Aceptemos, con sinceridad,
esta debilidad institucional, porque los gabinetes criminales han ganado
espacio político, económico, comercial y social, por lo cual el Estado Federal Americano
y el Grupo Dublín, han tenido que intervenir sobre nuestro Estado y espacio
geográfico con naves aéreas y marítimas, con acciones militares directas.
Reconozcamos de buena
voluntad y con responsabilidad cívica, que la violencia, la delincuencia y la
criminalidad estructural y organizada,
tanto la nacional como la internacional, generada por nuestras fuerzas
sociales, están fuera del control del Estado; que estas lacras han movilizado
las creencias, los sentimientos y los deseos de la población, prevaliéndose de unos medios que justifican
sus fines indecentes, expresados en los asesinatos y hechos atroces y horrendos
que sacuden cada día los resortes emocionales de la sociedad.
Rogamos a las autoridades, a
las instituciones civiles y a las agencias sociales del país, reparar en la
urgencia que merece una revisión de nuestro sistema de premios y castigos,
porque nuestros grandes bárbaros, sean estos: Policías, militares, banqueros,
comerciantes, religiosos, artistas, traficantes, síndicos y congresistas, son
también nuestros grandes héroes.
Santo Domingo, D. N.
10 de Septiembre,
2012.-
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