Esperábamos que el
razonamiento moral del Gobierno marchara en paralelo, con el razonamiento
político lógico. Porque el Presidente
que, ahora dice, que sin reforma es imposible gobernar, sabía que el déficit
fiscal, en Diciembre de 2011, era de RD$84,000 millones, cuando el Gobierno
optó por suspender el Acuerdo con el Fondo.
Existe, por ende, un gran
desequilibrio entre la inteligencia política de estos aumentos de impuestos y
la realidad presupuestaria, internacional y económica del país. El 72% de esta carga romperá los hombros de
la población, y lo peor es, que seguirá el déficit. Dado que, los RD$46,000 millones de impuestos
arrojaran un balance negativo frente al hoyo de los RD$187,000 millones.
Perderemos la capacidad de
iniciar nuevos negocios, pondremos un riesgo sobre los ahorros nacionales,
impulsaremos la fuga de capitales y habrá menos flujo de efectivo disponible en
la banca. Abate pensar en la muerte de
aquella lógica ética del discurso de toma de posesión, y que claudicara la
ética, en la lógica de la acción política antidemocrática.
Pedía el equipo de Finanzas
Públicas del Fondo, en Diciembre de 2011, este mismo paquete tributario y un
ajuste, vía tarifa, en el sector eléctrico.
Merecen compasión estas autoridades, ya que la rechazaron en aquella
ocasión, anclados en su
“Patriotismo”. Ahora le dicen a ese
mismo organismo: Papi, mira lo que hago. ¿Te gusta?
Deciden darse así mismos
esas mismas órdenes, pero, para su deshonra, se basan en la intelectualidad
económica del fondo.
Cuidan así su acuerdo con
este organismo, desmedrando el consumo, reduciendo la rentabilidad de las
empresas, disminuyendo el salario líquido de los empleados. Promoviendo la morosidad y el impago del
comercio, de las familias y de las Pymes. ¡Que lastima! Que el Presidente
Medina guardara, en el armario leonelista, el proyecto común que esbozara el
finado 16 de Agosto.
¡Sopla! Subir un sobre de
café un 600%, en ocho años. Merece la
Gobernación del Banco Central el Nobel de Economía o el Príncipe de Asturias de
la Concordia, por el control estricto de la inflación. Sobra aquí el talento económico que le faltó
a Grecia.
Hablan los promotores de
este fraude de ley, de una contracción económica, si el Gobierno reduce sus
gastos. Les sirve este argumento para
escapar de la culpa o de la vergüenza, por un contenido procedimental que, en
lo fiscal, ha esclavizado al sector privado y a las familias. Para gastar sin calidad económica en
inversiones como el Metro, sin rentabilidad social en proyectos fallidos como
el de los US$130 millones de la Sun Land, mientras Santiago y Moca se hunden en
el cólera, por falta de agua potable.
Sufre esta nación unos
abusos contributivos y fiscales que se han convertido en reglas de
administración. Aberraciones convertidas
en hábitos impositivos, las cuales se han camuflado en el cuerpo de los costos
productivos de las empresas y en costes para toda la población. Hablamos del fraude legalizado en el precio
de los combustibles, del gas natural y de la tarifa eléctrica, por citar
algunos casos.
Cubrimos con una emisión de
bonos de US$500 millones, uno de los faltantes del sector eléctrico, luego de
varios aumentos en la tarifa, a pesar de la diversificación de la materia
energética, pero, después de 90 días, descubrimos otro faltante de USD$1,200
millones más.
Emitiremos más bonos para
cubrir la deuda eléctrica y para reducir el déficit al nivel exigido por el
fondo subiremos la tarifa eléctrica, sin verificar los costos reales de
producción, y seguirá el déficit. Porque
una draga política Gobierna la nación.
Obedecemos a un sistema
político que nos esclaviza. Un sistema
que opera política, fiscal y socialmente como vocero de sí mismo, y como amo de
sus propias ganas políticas. Cuando
dilapida RD$187,000 millones, sin reparar en las consecuencias
constitucionales, ni en las penales.
Quedarán intactos los
oscuros privilegios para los comercios, las industrias y de las
personalidades. También los de los
generadores eléctricos, de los operadores del gas natural y de los combustibles
fósiles, los de los transportistas, los de las mineras, los de las empresas y
comercios que intervienen en Haití y de los amigos del Partido de Gobierno.
Advertimos tres riesgos en
este fraude de ley, la baja en la calidad de la administración y de la
competencia tributaria. Damos como
muestra la condena en la OMC y los conflictos con Centroamérica. La fractura de los puentes de desarrollo, de
expansión y de emprendimiento de nuevas empresas. Y lo complejo y complicado que será sostener
o impulsar los empleos, dado el daño a la rentabilidad salarial, con lo cual se
desatará una gran turbulencia social en el mercado laboral, con la exigencia de
aumentos.
Santo Domingo, D. N.
12 de Noviembre, 2012.-
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