Apelar al aumento racional
de la presencia de efectivos militares en el patrullaje, cuando las
arbitrariedades del plan de seguridad generan resultados indeseados, anulará posibilidades
de solución a la demanda de seguridad pública.
Porque, aún más, dependerá de los militares, y tanto mayor será el
parasitismo policial.
Demuestran estas
arbitrariedades que dependemos de autoridades suicidas, quienes se inclinan por
la eliminación democrática de la democracia, al concederle a los guardias más
poder político sobre una situación penal. El mejor ejemplo lo constituye la
militarización investigativa, en Francia, de uno de las decenas de pasaportes
diplomáticos, en manos de delincuentes y criminales internacionales.
Queda marginada la
racionalidad de la investigación, de la inteligencia y de la creatividad en un
delito que corresponde perseguir al sistema penal. Así mismo, sorprende la misma imprudencia
ideológica, cuando el Ministro de Obras Públicas sin ton ni son, propone su
propio plan de seguridad pública. El se
lo guisa y se lo come, y olvida que esta estrategia depende de las movilizaciones
colectivas que pueda recabar en la sociedad.
Ignoran los gestores de este
plan el espacio que merece el consenso, con la integración desaforada de 340
efectivos militares. Si esta decisión se
hubiera tomado al inicio fuera un fundamento del plan, ahora es una formula que
paren las consecuencias negativas de su estrategia de seguridad.
Sentimos lástima por el auto
reproche de los jefes de la Policía y de las Fuerzas Armadas al admitir el
rezago en sus funciones oficiales. Es
que, en este juego político, perdieron sus criterios de evidencias y sus
habilidades de investigación. Delincuentes y criminales les anotan corriendo
las bases por la tercera almohadilla.
Pedimos a las autoridades
repensar la filosofía política y económica de este plan, porque los avances de
cualquier estrategia política se pueden calibrar, por la eficacia de su poder
explicativo y por la capacidad para resolver el problema. Aquí estamos frente al terror, el miedo y la
agresividad que infunden las autoridades, los delincuentes y los
criminales. ¡Señores! Sobran los
ejemplos.
Traban estos lastres los
procedimientos democráticos y sociales con los cuales los deberes se
transforman en motivos para acciones pacíficas.
La administración pierde de vista que una misma persona puede estar en
una y otra orilla de esta senda trágica.
Comparten, ahora, en las
calles, sus mismos motivos delictivos los criminales, los delincuentes y los
violentos, pero también hacen lo suyo los gabinetes del crimen y de la
delincuencia organizada ligados al poder político y social al cual pertenecen
guardias, policías, autoridades y las empresas que les sirven de soporte.
Conviene que, en el caso de
las decenas de pasaportes diplomáticos en manos de delincuentes y criminales
internacionales, las autoridades expliquen su comportamiento en los procesos
investigativos, ya que sería provechoso para la administración deslindar la
diferencia penal existente, entre la fuerza coactiva de sus obligaciones
políticas y la fuerza coactiva de sus deberes democráticos.
Siguen siendo los deberes
una consecuencia de los derechos. Ni los
traficantes de drogas o de armas, ni los violadores, ni los sicarios se
mortifican con su oficio. Ahí esta el
talón de Aquiles del plan de seguridad, que encontramos policías, guardias, autoridades,
criminales y delincuentes del mismo lado.
Desconocen las autoridades y
los mandos policiales y militares las herramientas democráticas y políticas,
que les permitan trasladar su deber de la orilla delictiva a la orilla de una
paz ciudadana justa. Es que la
violencia, la delincuencia y la criminalidad son los motivos a los cuales,
tanto autoridades como los delincuentes les han entregado el control de sus
comportamientos.
Santo Domingo, D. N.
9 de Junio, 2013.-
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